San Francisco, CA – Ayer, la jueza del Tribunal de Distrito Federal Trina Thompson ordenó una suspensión temporal de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua, mientras el caso sigue su curso. En su fallo, la jueza Thompson escribió: “La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan.” 

La orden en el caso NTPSA II v. Noem se emitió a tan solo días de que los beneficiarios de TPS de Nepal perdieran su estatus legal y autorización de trabajo. La decisión extiende temporalmente sus protecciones hasta al menos la próxima audiencia judicial, programada para el 18 de noviembre de 2025. Los beneficiarios de TPS de Honduras y Nicaragua también enfrentaban la terminación de sus protecciones el 6 de septiembre. Todos los beneficiarios de TPS afectados por esta decisión han vivido legalmente en Estados Unidos: más de diez años en el caso de Nepal y más de 26 años en los casos de Honduras y Nicaragua. El Departamento de Seguridad Nacional solo les había otorgado 60 días, el mínimo permitido por la ley, para prepararse ante la pérdida de su estatus legal y su permiso de trabajo. 

En respuesta, el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN-LA) emitió la siguiente declaración: 

“Esta decisión es parte de un esfuerzo más amplio que ocurre a todos los niveles: a nivel nacional, local, en los tribunales, en el Congreso y en las calles, donde los beneficiarios de TPS han estado organizándose durante casi una década a través de la Alianza Nacional TPS”, dijo Martha Arévalo, Directora Ejecutiva de CARECEN-LA. “Es una victoria increíble y un testimonio del incansable trabajo de tantas personas, especialmente de los propios beneficiarios de TPS, quienes están directamente afectados y lideran esta lucha. Dejemos algo claro: esto no es un regalo, es el resultado de que los titulares de TPS se han organizado para protegerse entre sí.” 

“En tiempos de gran incertidumbre y ataques constantes contra la comunidad inmigrante, esta noticia es un alivio muy bien recibido,” dijo Julie Mitchell, Directora Legal de CARECEN-LA. “Seguiremos monitoreando la situación de cerca y esperando la implementación de la orden judicial por parte de USCIS. Mientras tanto, queremos recordar a los beneficiarios de TPS que esta es una orden de una corte federal, y nadie debería estar pagando por renovaciones en este momento. Tengan cuidado con servicios legales fraudulentos. Los empleadores y los DMV deben acatar la orden judicial y respetar la validez de los permisos de trabajo y las licencias de conducir, incluso si aparentan estar vencidos—estos documentos siguen siendo válidos bajo la orden judicial.”